En miles de barrios españoles levantados entre los años sesenta y noventa sigue habiendo un material que casi nadie identifica ya como un peligro: el fibrocemento con amianto. Una placa ondulada en la caseta del jardín, un depósito de agua en el patio, una bajante gris en un edificio de tres plantas o el tejadillo de un garaje comunitario son ejemplos habituales de un problema que, durante décadas, ha pasado desapercibido.
Un riesgo que sigue presente en millones de hogares
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en España todavía quedan entre 10 y 15 millones de toneladas de amianto instaladas en cubiertas, canalizaciones, aislamientos y depósitos. Lo preocupante es que la enfermedad asociada a la inhalación de sus fibras, el mesotelioma, puede tardar entre 20 y 50 años en manifestarse desde la exposición. Esa es la razón por la que cada año se siguen diagnosticando en torno a 2.000 nuevos casos en el país.
De problema de salud pública a obligación legal
Lo que durante años fue percibido como un asunto abstracto se ha convertido en una cuestión con calendario y con consecuencias administrativas. La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, obligó a todos los ayuntamientos españoles a censar las instalaciones y emplazamientos con amianto en el plazo de un año desde su entrada en vigor, y a diseñar una planificación de retirada que priorice los edificios de mayor riesgo y a la población más vulnerable.
El horizonte marcado por la norma es el 31 de diciembre de 2028, fecha límite para desamiantar los emplazamientos públicos más peligrosos. Ese mandato ha empujado a comunidades autónomas y ayuntamientos a poner en marcha, en paralelo, líneas de ayudas económicas para que particulares y comunidades de propietarios puedan afrontar la retirada.
Cataluña, el modelo más generoso
La Agencia de Residuos de Cataluña mantiene desde hace varios años una convocatoria anual de subvenciones que en su edición de 2026 estuvo abierta entre el 18 de junio y el 2 de julio. La ayuda puede alcanzar los 30.000 euros por inmueble y llegar a cubrir el 100% del coste de retirada, transporte y gestión del residuo, siempre que la ejecute una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). Eso sí, la subvención no incluye los materiales de sustitución —la nueva cubierta o las nuevas bajantes—, que corren a cargo del propietario. Conviene tener en cuenta que las plazas suelen agotarse en los primeros días de convocatoria.
Otras comunidades con convocatorias activas
Fuera de Cataluña, el mapa de ayudas es más desigual pero crece cada año:
- Madrid: a través del Plan Rehabilita, cubre hasta el 90% del coste con un tope de 12.000 euros por vivienda, en edificios de más de 30 años que cuenten con un Informe de Evaluación de Edificios favorable.
- Navarra: mantiene una convocatoria con las mismas condiciones de cobertura (90%) y un límite algo superior, de 20.000 euros.
- Extremadura: ha destinado 200.000 euros a través del Decreto 49/2025, centrados en cubiertas con amianto e incluyendo la instalación de líneas de vida.
- Castilla-La Mancha: permite subvencionar hasta el 80% del coste cuando la retirada del amianto se combina con una mejora energética del edificio.
Ayuntamientos que también aportan su parte
A nivel municipal, algunas ciudades industriales con parque de vivienda construido entre los años cincuenta y ochenta han activado sus propias líneas de ayuda. Es el caso de varios municipios catalanes como Badalona, L’Hospitalet, Terrassa o Sabadell. Además, algunos consistorios —tanto en Cataluña como en el resto del país— han añadido bonificaciones en el IBI para quienes desamianten su vivienda de forma voluntaria. No es una subvención directa, pero reduce el coste efectivo de la operación en los años siguientes.
¿Cuánto cuesta retirar el amianto?
Sin ayudas, retirar una cubierta de fibrocemento de 100 metros cuadrados cuesta entre 2.500 y 6.000 euros. Con las subvenciones activas, ese importe puede reducirse a menos de la mitad y, en el caso de Cataluña, llegar a ser gratuito si la solicitud se presenta a tiempo.
Por qué la retirada siempre debe hacerla una empresa autorizada
Tanto si accedes a una subvención como si decides desamiantar por cuenta propia, la normativa es clara: la manipulación de materiales con amianto solo puede realizarla una empresa inscrita en el RERA, con trabajadores formados y con los protocolos de seguridad, sellado y transporte que exige la ley. No es un trámite opcional ni una cuestión de preferencia: manipular amianto sin las garantías adecuadas libera fibras al aire y multiplica el riesgo para quienes viven en la vivienda y en su entorno.
Si estás valorando solicitar alguna de estas ayudas o simplemente quieres saber en qué estado se encuentra el amianto de tu tejado, depósito o instalación, en Comaser contamos con un servicio especializado de manipulación y tratamiento de amianto que se encarga de todo el proceso —diagnóstico, retirada, transporte y gestión final del residuo— cumpliendo con la normativa vigente y facilitando la documentación necesaria para tramitar la subvención correspondiente.
